domingo, 27 de enero de 2008

Presidente ecuatoriano denuncia conexión entre sectores opositores de su país y de Bolivia


'Entre la oligarquía de Guayaquil (Ecuador) y la oligarquía de Santa Cruz (Bolivia) incluso hay acuerdos firmados, acuerdos para llevar a esas regiones a autonomías que en verdad son separatismos'', afirmó el presidente ecuatoriano.

En su programa radial sabatino, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, denunció que los grupos opositores de derecha de su país y Bolivia están conectados, al señalar que ambos sectores han firmado un acuerdo para sabotear a los respectivos gobiernos mediante proyectos separatistas.

"Entre la oligarquía de Guayaquil (Ecuador) y la oligarquía de Santa Cruz (Bolivia) incluso hay acuerdos firmados, acuerdos para llevar a esas regiones a autonomías que en verdad son separatismos", afirmó el mandatario de la nación suramericana este sábado en su alocución.

Correa señaló que detrás del descontento que muestran algunas de las ciudades ricas de ambos países "hay una estrategia regional para impedir que los gobiernos progresistas puedan hacer cambios".

El presidente aseguró que, en el caso ecuatoriano, el plan está orientado a impedir a toda costa que sea aprobada la nueva Constitución que redacta la Asamblea Nacional Constituyente y que deberá ser sometida a referendo.

Asimismo consideró que las derechas de Guayaquil y Santa Cruz "son muy parecidas". "Han dominado por mucho tiempo la economía y la política, son extremadamente opulentas, semignorantes y elitistas", y comparten "la misma burla con respecto al socialismo del siglo XXI".

"Para que vean la burla de la oligarquía (ecuatoriana). Nos ponen como los tres chiflados a Hugo Chávez (presidente de Venezuela), Evo Morales y a mi, porque creen que nos van a ofender cuando el camino al socialismo del siglo XXI, los gobiernos progresistas, están a lo largo y ancho de esta región", enfatizó.

Oposición intentó sobornar a asambleístas

Entretanto, esta semana el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, Alberto Acosta, aseguró que pediría a la Fiscalía General de esa nación investigar una supuesta trama para la compra de votos de miembros del partido de gobierno en ese foro, con el fin de unirlos a la oposición y rechazar una nueva Carta Magna.

Este acto de complot contra la Constituyente, que acapara la atención en la nación suramericana, fue rechazado por Acosta, quien lo catalogó como "una maniobra de mercantilismo vil de ciertos sectores políticos y de poder, que temen perder sus privilegios con la aprobación de una nueva Constitución".

Los implicados en este escándalo propusieron a Gabriel Rivera, uno de los 80 miembros del gobernante Alianza País en la Asamblea Constituyente, unos 250 mil dólares por cada constituyentista que decidiera boicotear la elaboración de una nueva Carta Magna.

Rivera manifestó que se le ofreció 1 millón de dólares que iniciara el trabajo de convencimiento de diputados, así como 2 millones adicionales para cuando se concretara la no aprobación de la Constitución; 250 mil dólares por cada asambleísta que Rivera lograra contactar e introducirlos en el complot.

En el proceso de investigación, José Luis Cortázar, secretario Anticorrupción del Gobierno ecuatoriano, realizó la presentación de las pruebas, entre ellas una cronología de contactos registrados a través de llamadas celulares y cinco vídeos realizados con una cámara oculta.

md-Afp-Pl-TeleSUR/SB