sábado, 22 de noviembre de 2008

Colombia: estafa masiva y reclamos indígenas

Protestas masivas en todo el territorio colombiano

Caos social provocado por la caída de empresas ilegales captadoras de dinero y pacíficas demostraciones de los pueblos indígenas en reclamo de sus derechos, marcaron en Colombia la semana que finaliza.

La quiebra o cierre de varias pirámides, denominación de las empresas captadoras de fondos, provocó una situación cercana al caos en numerosas localidades, al quedar prácticamente en la ruina miles de ahorradores estafados.

El ambiente se caldeó aun más tras la orden del gobierno de intervenir la firma DMG, la mayor de todas las pirámides, con oficinas en una veintena de ciudades colombianas y ramificaciones en Panamá, Venezuela y Ecuador.

El colapso definitivo de DMG vino con la detención el miércoles en Panamá de David Murcia Guzmán, su principal accionista, quien fue trasladado fuertemente custodiado a Colombia, bajo los cargos de captación ilegal de fondos, lavado de dinero, cohecho y enriquecimiento ilícito.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, informó además que Murcia tenía fuertes vínculos con paramilitares y narcotraficantes, que al parecer empleaban a DMG para el lavado de activos.

Pero como una caja de Pandora, el escándalo puede salpicar incluso a empresarios y políticos, pues el Fiscal General, Mario Iguarán, anunció una investigación para esclarecer las relaciones de DMG con miembros del Congreso de la República y posibles sobornos.

Para muchos, la actual crisis es también el resultado de una situación cada vez más asfixiante para más de la mitad de la población colombiana, que no ve los beneficios del crecimiento económico de los últimos años.



Mientras, unos 15 mil indígenas se concentraron el viernes en la Plaza de Bolívar, centro neurálgico del país, para reclamar sus derechos a tierras, bienestar e integración social.

Esta fue la culminación de una larga caminata de más de 500 kilómetros que partió el 10 de noviembre de la ciudad de Cali, con Bogotá como punto final, donde los indígenas esperan dialogar con el gobierno y el Congreso para buscar solución a sus reclamos.

Ellos insisten en la entrega de tierras, medidas para una mayor inclusión social, tal como lo establece la Constitución de 1991, y el respeto a los derechos humanos.

También exigen la firma de la Declaración universal sobre los derechos de los pueblos originarios, promovida por la ONU, que no ha sido suscrita por el gobierno colombiano.

Igualmente, claman por el respeto a la vida de los miembros de los más de 100 pueblos autóctonos colombianos, pues en lo que va de año han muerto alrededor de 70, la mayoría a manos de paramilitares, el ejército y la policía.

La minga, movilización indígena y popular de envergadura nacional, comenzó el 11 de octubre último y tras numerosas acciones de protesta, la marcha a Bogotá es la expresión más alta de ese movimiento reivindicativo.

lma/rc