martes, 9 de junio de 2009

Masacre en la Amazonía III



La situación en Perú exige la máxima cautela por parte del Gobierno de Alan García. Ya empezaron a admitir las culpas de la masacre amazónica del 6 de mayo y a renunciar empezando por el Premier y la Ministra de la Mujer; esta última por estar en desacuerdo con la forma del gobierno de manejar la crisis en la Amazonía.

Observaremos las declaraciones de los diferentes actores en este clip de Enlace Nacional, excelente canal informativo de Youtube:



En la web Democracy Now se leen noticias del Líder indígena Alberto Pizango:

Líder indígena peruano busca asilo

En Perú, el líder indígena Alberto Pizango buscó refugio en la embajada de Nicaragua, y pidió asilo. Pizango está requerido en Perú acusado de sedición, luego de haber liderado las protestas que se oponen a las leyes que promueven la inversión de miles de millones de dólares en la selva amazónica por parte de empresas extranjeras mineras y de energía. Durante el fin de semana, murieron 60 personas después de que la policía intentó romper un bloqueo. Los activistas indígenas prometen seguir combatiendo por sus tierras.

Alberto Pizango, manifestante indígena, dijo: “Hace más de 57 días que estamos combatiendo. El gobierno asesinó a nuestros hermanos indígenas en Bagua. Si el gobierno deroga la ley, nosotros levantamos la huelga. Nuestro líder Alberto Pizango no mandó hombres armados, fue el Ejército el que lo hizo”
.

A continuación, un artículo de Argenpress manifestando las opiniones de nuestros hermanos latinoamericanos.

García contra las cuerdas

El enfrentamiento original en la Amazonia tenía dos contrincantes. En un rincón el gobierno aprista, cuya secretaria de Comercio Exterior había confesado que los diez decretos legislativos eran necesarios para poder implementar el Tratado de Libre Comercio con Washington. Queda claro que esos tratados, continuidad del fracasado ALCA, empobrecen a las naciones que los firman y también hacen correr abundante sangre.

En el rincón opuesto, las comunidades aborígenes que, con buena pluma, puntualizaron su postura: "para nosotros los pueblos Awajun Wampis, el bosque amazónico es parte de nuestra existencia y desarrollo, ahí construimos nuestro buen vivir: es nuestra despensa, nuestro campo productivo, nuestra biblioteca, nuestra farmacia, nuestro banco de semillas y de crianzas, nuestra escuela. En resumen es nuestro sentido y cosmovisión como pueblo indígena. Y ahora está amenazada porque los decretos que demandamos su derogatoria están hechos de tal modo que asegurarán que las concesiones mineras y petroleras sigan adelante, destruyan parte del bosque y contaminen las fuentes de agua".

Luego de producidas las muertes, con el previo establecimiento del Estado de Emergencia militar desde el 8 de mayo y ampliado tras la masacre, numerosas organizaciones sindicales y políticas salieron a dar apoyo a los originarios. Así se formó el "Frente Nacional por la Vida y la Soberanía", que integran La Aidesep, CGTP, CUT Perú, Conacami, CAOI, Ufrep, CCP, CNA, Coordinadora Política y Social, Conafrep, SUTEP, Sitentel, FEP, UNCA, Conqa, Conaem, Rondas Campesinas, Movimiento Cumbre de los Pueblos y partidos políticos de izquierda y el Nacionalista de Ollanta Humala. Este espectro ha convocado para el 11 de junio a una marcha al Palacio de Gobierno de Lima y a una concentración en la Plaza Dos de Mayo, como parte de una jornada nacional de repudio.

Este frente reclama las renuncias del presidente, el jefe de ministros, Yehude Simon; la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y el ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, los principales responsables de la represión. Lejos de una autocrítica, éstos se vanagloriaron de haber reestablecido el orden en Bagua. Insistieron en que "400.000 indios no pueden decidir en la Amazonia por 24 millones de peruanos".

El gobierno no está defendiendo a millones de peruanos sino a unas pocas multinacionales con capitales de millones de dólares. En aras de esos intereses el jefe de Estado preparó la masacre, como en su mandato anterior ordenó al Ejército asesinar a 300 presos políticos senderistas en las prisiones de Lurigancho y El Frontón, y a numerosos indígenas en Cayara y Chumbivilcas.



García lo hizo de nuevo. ¿Podrá volver a hacerlo o esta vez los amazónicos awajún, wampis, shawis, chayawita, candoshi, cocama-cocamilla y shibilo le pondrán fin a su carrera política socialdemócrata-neoliberal?

Emilio Marín (LA ARENA)


Hay algunas opiniones que sería bueno tomar en cuenta:

Presidentes regionales les piden a Alan García que baje la voz y evite insultos a indígenas

AIDESEP, 08 de junio de 2009. El coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), César Villanueva, presidente de la Región San Martín, condenó las declaraciones del Presidente de la República Alan García Pérez, quien calificó de “delincuente” al líder indígena, Alberto Pizango y responsabilizó a los dirigentes indígenas sobre las consecuencias de radicalizar sus protestas.

Villanueva deploró las expresiones del Jefe de Estado e indicó que “no contribuye a nada el hecho de buscar calificativos a las personas o líderes de las comunidades o instituciones por ninguna de las partes. Ya estamos frente a un problema, debemos serenarnos y buscar una salida de conversación, de negociación”.

En tal sentido manifestó que "el presidente debería bajar el tono de su voz, lo mismo los congresistas y los funcionarios de todos los niveles. Aquí tenemos que involucrarnos todos. Creo que lo más sensato es reconocer que se han excedido y que se va a encontrar la solución”.

El coordinador de la ANGR refirió que las autoridades nacionales deben reconocer que se dilató la solución a este problema y asumir su responsabilidad, reconociendo que se violó el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

“Se deben asumir responsabilidades. La clase política tiene que tener un poco de humildad para reconocer que demoró en tomar decisiones y los decretos no se consultaron. El diálogo no ha funcionado mucho por las eternas mecidas, porque no se tomaron con seriedad y compromiso las cosas”, aseveró.


Villanueva Arévalo discrepó, asimismo, con la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, por plantear la posibilidad de un toque de queda en la provincia de Bagua, tras los enfrentamientos entre policías y nativos de la zona denominada “Curva del Diablo”, de la carretera Fernando Belaunde Terry.

“Lo más conveniente es serenarse y llamar a conversar a las partes. Si nosotros actuamos con mecanismos amenazantes no vamos a resolver absolutamente nada. Lo que tenemos que buscar desde el Ejecutivo, el Congreso, las comunidades nativas y Aidesep, es la búsqueda a una salida de diálogo, no hay otra alternativa”, expresó.

Aidesep

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