domingo, 2 de agosto de 2009

Los enviados del Pentágono


En Washington, durante el mes de junio, una comisión de funcionarios colombianos y estadounidenses, encabezada por expertos del Pentágono y del Departamento de Estado, estuvo revisando el borrador de un nuevo acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, que permitiría suplir las funciones que venía cumpliendo el Puesto Militar de Operaciones Avanzadas de la base militar de Manta (FOL, por su sigla en inglés), una zona de 27 hectáreas, el 5 por ciento del área total de la base ecuatoriana -22 edificaciones entre comedores, dormitorios, oficinas, bodegas, rampas para aeronaves, hangar y estación de bomberos-, que deberá ser despejada en noviembre cuando vence el convenio de 10 años firmado en 1999 por el gobierno del presidente Jamil Mahuad y según el cual aviones y equipos de inteligencia estadounidenses podían operar desde allí para interceptar vuelos del narcotráfico.

A finales de 2008, el presidente Rafael Correa notificó a Estados Unidos la decisión de no renovar el acuerdo. Lo hizo poco después de que su gobierno revelara un informe según el cual el ataque al campamento de 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano, el 1º de marzo, habría contado con el apoyo de un avión estadounidense que estaba en la base de Manta, acción que fue rechazada por la OEA como una violación de la soberanía y que ocasionó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Quito. No obstante, el anuncio de Correa era la confirmación de una decisión tomada el 1º de abril por la Asamblea Nacional Constituyente de no permitir "el establecimiento de bases militares ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares".

Y aunque el convenio vence en noviembre, Washington anunció en mayo pasado que sus efectivos saldrían en septiembre, que en julio harían el último vuelo desde allí y que luego iniciarían el traspaso de las instalaciones y la infraestructura a Colombia. La noticia fue muy bien recibida por el gobierno de Correa que, por medio del canciller Falconí, advirtió que "nunca volverá a repetirse una política de entreguismo, de ceder parte del territorio nacional".

Mientras tanto, en Washington la comisión de expertos trabajaba intensamente y analizaba cómo sería la operación desde cinco bases militares colombianas ya definidas por las partes, cuyo uso deberá servir para potenciar operaciones contra el narcotráfico en las dos costas, e intentaba resolver puntos críticos y dirimir diferencias en aspectos muy sensibles. Entre los puntos críticos figuran la pretensión de Washington de darles inmunidad judicial a los militares y contratistas que vendrían al país y la forma de zanjar los posibles desacuerdos.

Las negociaciones comenzaron hace cuatro meses y se han dado en el mayor secreto, pero fueron especialmente intensas, sobre todo en vísperas de la reunión de los presidentes Barack Obama y Álvaro Uribe el lunes pasado.

CAMBIO ha podido establecer con fuentes en Washington, que el acuerdo comprende operaciones militares estadounidenses en tres de las más importantes bases de la Fuerza Aérea Colombiana y en dos instalaciones estratégicas de la Armada Nacional: la base de Palanquero o Germán Olano (ver mapa haciendo clic aquí), entre Cundinamarca y Caldas; la Alberto Pouwels en Malambo, Atlántico; la base de Apiay o Capitán Luis Fernando Gómez Niño, en Meta; la ARC Bahía de Málaga en el Pacífico, y la ARC Bolívar en Cartagena (ver mapa haciendo clic aquí).

La base de Palanquero, en la margen derecha del río Magdalena, en Puerto Salgar, es considerada la principal unidad operativa de la FAC y resulta estratégica para las operaciones de aviones dotados con equipos de inteligencia, y para los de transporte de tropa y material pesado. La base tiene dos hangares con capacidad para 60 aviones y, según el Pentágono, con algunas adecuaciones especiales su pista de 3.500 metros -la más larga del país- tendrá capacidad suficiente para el despegue y aterrizaje simultáneo de hasta tres aeronaves.

La Alberto Pouwels, sede del Comando Aéreo de Combate No. 3, opera en el área del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla y presenta ventajas logísticas y operativas. Es base habitual de operaciones de aviones A-37B, llamados "los dragones del Caribe", que se usan en misiones contrainsurgentes, y de un escuadrón táctico compuesto por más de 300 helicópteros. Desde allí operaría parte de la flotilla de aviones P-3 Orión, más conocidos como "aviones espías".

Por su parte, Apiay es la punta de lanza de las operaciones contra los frentes del bloque oriental de las Farc. Allí se concentran las operaciones de una flota de aviones AT-27 Tucanos y Supertucanos, y cuando el acuerdo entre en vigencia, la base será el centro de operaciones de aviones de reconocimiento y de los Awacs que son una especie de radares volantes de gran alcance.

La bahía de Málaga y la base naval ARC Bolívar de Cartagena serán centros de operaciones de barcos de interdicción en coordinación con aviones P-3 Orión, temidos por los narcotraficantes por su precisión para detectar e identificar blancos en altamar.

En cuando al número de personas destacadas a las diferentes bases, no hay por lo pronto nada claro, pero una de las cláusulas del acuerdo lo condiciona a la capacidad de las bases seleccionadas. ¿Serán más de las 270 personas destacadas en la base Eloy Alfaro de Manta, entre miembros de la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera, la Patrulla Costera y contratistas civiles? Es una pregunta sin resolver.

En principio, el acuerdo contempla que la utilización de las instalaciones militares colombianas será parcial y limitada a las necesidades de operaciones que, en su mayor parte, serán preventivas del delito. Sin embargo, los negociadores de Estados Unidos han hecho saber que si bien no pretenden interferir en el ejercicio del mando de los oficiales colombianos en las bases, harán valer la autonomía de los militares estadounidenses cuando las operaciones trasciendan las fronteras colombianas.

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